Repartija de palcos en el IPD

El escándalo explotó en mayo. Congresistas y ministros de todos los colores quedaron expuestos. En secreto, lograron acceder a uno de los 304 asientos de cortesía en los palcos del Estadio Nacional para ver el decisivo Perú-Paraguay. Pero la lista de implicados es más larga. Un informe de la Contraloría reveló que desde el expresidente del IPD, el periodista Rubén Trujillo (aún miembro del consejo directivo), hasta los más altos funcionarios beneficiaron a familiares y amigos. ¿Quiénes son? Sudor ha logrado identificar a varios afortunados.

Esta es una historia de argollas. Y no solo de congresistas y ministros que obtuvieron un boleto para presenciar junto a sus familias el Paraguay-Perú desde la zona más premium del Estadio Nacional. Sino sobre todo de la plana mayor de funcionarios del Instituto Peruano del Deporte (IPD), que, yendo en contra de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, dispuso a su gusto de 304 boletos de cortesía, entregados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), como si se tratara de entradas financiadas por sus propias billeteras.

Esta historia calza bien en lo que el antropólogo César R. Nureña explica en su reciente libro La argolla peruana (Crítica, 2021): la ‘vara’ es legendaria y florece sobre todo en sociedades con un Estado famélico. Solo así se explica que, según el Informe de orientación de Oficio N° 005-2022 de la Contraloría de la República, el expresidente del IPD, el periodista Rubén Trujillo (cesado el 13 de mayo), y los aún principales funcionarios de la máxima entidad deportiva del país hayan utilizado para su propio provecho, y sin ningún empacho, más de 120 entradas de las 304 recibidas.

Pero esto recién se sabe. 

Cuando la noticia se filtró en mayo pasado, los reflectores se posaron sobre los rostros más mediáticos de la política peruana. Los palcos 5012 y 5013, cedidos a la Mesa Directiva del Congreso de la República, fueron utilizados por la incontinente presidenta del parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular); su esposo Eric Eduardo Farah Bote y su hija (menor de edad); la legisladora Rosangela Barbarán (Fuerza Popular); el alcalde de Jesús María, Jorge Luis Quintana Godos; y la nieta del ex parlamentario Víctor Andrés García Belaunde. La tercera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza Para el Progreso), asistió con su esposo Carlos Zavaleta Grandez, su padre Amado Camones Cruz, su cuñado Fernando Zavaleta Grandez y su suegro José Zavaleta Rodríguez. Incluso el hijo de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) se aseguró un lugar. 

El escándalo tribunero también alcanzó al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros. El palco 5009 fue ocupado por el hijo del premier Aníbal Torres, Marcos Torres López; su enamorada María Eugenia Javiel Molina y sus amigos Renzo Salazar Silva, Carlos Andrés Nakachi Uechi, Luis Alberto Calvo Gabe, Regina Martell Arellano y Erick Ruiz Rivera. El palco 5010, cedido al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sirvió para que la ministra Dina Boluarte Zegarra disfrutara del trascendental partido de la selección peruana junto a su hermano Wigberto Nicanor Boluarte y su hijo Daniel Gómez Boluarte; incluida la congresista Katy Ugarte (Bloque Magisterial) y su hija Hanna Tito Ugarte.

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El palco 5003 estuvo reservado para el Ministerio de Educación. El ministro de la cartera, Rosendo Serna, asistió con sus cuatro hijos, además de otros invitados que no trabajan en la entidad pública: por ejemplo, los congresistas del Bloque Magisterial, Alex Parades, Pasión Dávila y Germán Tacuri, quien asistió con su cuñado Simón Aivar Infanzón. Además del ex alcalde del distrito de Longar  (Amazonas), Amando López Muñoz, junto a su esposa y su hermano.

Al lado, en el palco 5004, la hermana del exalcalde de Lima, Milagros Muñoz Wells, y su cuñado Alfredo Monteverde, aprovecharon los boletos entregados a la Municipalidad de Lima. El palco presidencial, con 24 asientos, también se convirtió en un espacio para consentir a familiares y amigos leales: eso fue lo que hizo la Primera Dama, Lilia Paredes, quien no solo acudió con sus hijos y sobrinos, sino también con los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo, Jorge Flores y Darwin Espinoza, integrantes del grupo denominado “Los Niños”. Incluidas sus familias.

Algo muy parecido ocurrió en el palco 7053. El secretario de Palacio de Gobierno, Jorge Ricardo Alva, acudió con sus dos hijos, e invitó a la entonces ministra de trabajo Betssy Chávez. 

Dos semanas después del alboroto mediático, desatado por una denuncia del programa Punto final, Rubén Trujillo fue cesado de sus funciones. ¿Simple coincidencia? Máximo Enrique Pérez Zevallos, un discreto profesor de San Marcos, pasó a ocupar su puesto. Pero esa sería la única consecuencia visible. Trujillo regresó a sus labores como miembro del consejo directivo del IPD, en representación del Ministerio de Educación; y el resto de funcionarios implicados se ha mantenido en su cargo como si nada hubiera pasado. Incluso tras la publicación del informe de la Contraloría, que solo sirvió para exponer a otras figuras de la política beneficiadas con una entrada vip, todo —diríamos— sigue igual.

Este reportaje busca poner el foco en la responsabilidad de la plana mayor del IPD. Evidenciar que el aprovechamiento de entradas es sistémico. Una práctica asumida como costumbre y avalada entre funcionarios. Porque hasta el momento los involucrados han venido silbando bajito, pero es oportuno mostrar cuántos de los boletos de cortesía —destinados a trabajadores y funcionarios públicos— acabaron en manos de familiares y amigos de directores y/o jefes de las unidades orgánicas del IPD, pese a que la normativa de la propia entidad es clara: “No son transferibles a otra persona distinta de su destinatario final”. 

A partir de una revisión pormenorizada de la extensa relación de entradas —elaborada por la Contraloría—, Sudor hace público quiénes fueron todos los funcionarios comprometidos y los beneficiarios indebidos. Una argolla más grande de la que todos imaginan.

¿CÓMO SE DIO LA REPARTIJA?

Todo empezó el 26 de marzo. Alejando Mazzi, funcionario de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), remitió al correo electrónico institucional de Gilda Angela Ortiz Velásquez, jefa de la Unidad de Comercialización (UCOM), un total de trescientos cuatro (304) entradas de cortesía, con sus respectivos códigos y enlaces, distribuidas en dieciocho (18) palcos de oriente u occidente, quince (15) palcos en norte o sur y quince (15) entradas en la zona central de la tribuna occidente; más veinticuatro (24) códigos para el “palco presidencial”.

Luego de una cadena de correos, las entradas llegaron el 29 de marzo de 2022 a la bandeja de Rubén Trujillo Mejía con la indicación “para su consideración y acciones correspondientes”. En un primer momento, el expresidente del IPD solicitó a la Oficina de Información y Comunicaciones que se hiciera cargo del reparto, pero como no tiene asignada dicha función, las entradas volvieron al despacho presidencial. Y fue allí que Trujillo Mejía, con apenas once días en el cargo, en reemplazo del ‘Coyote’ Rivera, distribuyó las entradas, “a su criterio y en su condición de presidente” (como lo señala en la Carta N° 001-2022/RDTM de 24/05/2022), del siguiente modo:

¿Pero cuál fue el criterio para la distribución de las entradas? Según el Informe Nº 000265-2022 de la Oficina de Asesoría Jurídica (13/05/2022), presentado como descargo del IPD, se tuvo en cuenta “la investidura de las autoridades del Gobierno Nacional”, y la entrega de esta cortesía “a servidores de la institución y a entidades públicas con fines altruistas”. Es decir, no debían acabar en manos de terceros al ser “intransferibles”. Los propios funcionarios del IPD tenían claro la utilidad de dichos boletos.

Sin embargo, la Contraloría encontró que los controles institucionales fueron muy laxos: “El ex presidente del IPD no efectuó ninguna precisión respecto al uso de las entradas de cortesía y de que estas eran intransferibles (…) sin cautelar que sean utilizadas por los funcionarios y servidores de la entidades a las que estaban destinadas, y que no sean utilizados por personas ajenas a la institución de destino”, se lee en el informe.

La tentación era demasiado grande. Acceder a un espacio privilegiado estaba al alcance de la mano. Según la propia Federación Peruana de Fútbol, un ticket a occidente central tenía un costo de 950 soles y un asiento en palco platino 990 soles. Es decir, las máximas autoridades del IPD tenían en su poder un poco más de 300,000 soles en boletos (286,110 por 289 asientos en palcos, sin contar el palco presidencial; y 14,250 por 15 espacios en la tribuna principal). Un verdadero lujo teniendo en cuenta que miles pugnaban por adquirir una entrada para el partido que sellaría el pase de Perú al repechaje.

UN CARNAVAL DE INVITADOS

Hasta ahora, el principal señalamiento se ha hecho a los numerosos políticos que recibieron una entrada. El compadrazgo en su máxima expresión. Por supuesto, es cuestionable la manera en que distintas dependencias del Estado distribuyeron los boletos entre congresistas, ministros y ujieres. Sin embargo, la responsabilidad más crítica está en los funcionarios del IPD que eran los encargados de cautelar el espíritu de esas invitaciones. No solo no verificaron que todas las entradas cedidas a otras entidades fueran destinadas a trabajadores del sector público, sino que las que correspondían al propio IPD fueron empleadas como un bien privado, tal como se demostrará en este informe.

Uno de los lotes más grandes de boletos tenía como destino el personal del IPD. Un total de  noventa y ocho (98) asientos repartidos en diez (10) palcos. En teoría, directivos, funcionarios y trabajadores debían ser beneficiados con esta cortesía entregada por la FPF. Al final tan solo veintiséis (26) entradas cumplieron este fin. Es decir, un 73% del total de los boletos llegó a personas ajenas a la entidad por decisión de los funcionarios con mayor jerarquía del IPD. El ahora expresidente pero aún miembro del consejo directivo de la máxima entidad deportiva del país, Rubén Trujillo, encabeza la lista de responsables con un total de 49 asientos en palco y 15 en tribuna occidente.

Sin más criterio que su potestad, el expresidente del IPD decidió entregar esos espacios a personas de su círculo más íntimo, incluidos amigos y colegas del mundo periodístico. Fue así que su hijo A.T.C (menor de edad), sus hermanos (Carlos Alberto Trujillo Mejía y Yul Ignacio Trujillo Mejía), su primo (apellidado Trujillo Medina) y su sobrino (O.M.L.T.) alentaron a la selección peruana desde el palco 8112. Pero, como se detalla a continuación, fueron más de 60 invitados (catalogados en el informe de Contraloría como “invitados por el ex presidente del IPD”) quienes pudieron ingresar al Estadio Nacional sin pagar por sus asientos gracias a los buenos oficios de un generoso Trujillo.

En la lista anterior puede corroborarse que Trujillo Medina invitó a varios de sus amigos más cercanos, muchos de ellos conocidos periodistas como Gabriel Mazzei o Dany Tsukamoto. 

Pero el caso que más llama la atención es el de su amiga María Del Carmen Covarrubias Hermoza, a la que le facilitó no solo un boleto para ella en la tribuna occidente, sino otros siete para sus sobrinos y acompañantes. Algo similar ocurrió con su amigo y colega Hans Berger, gerente de relaciones corporativas de Luz Del Sur, al que le facilitó nueve espacios en el palco 8105, según consta en el informe de la Contraloría. En virtud de esa entrega, los beneficiados acabaron siendo altos directivos del mundo corporativo (como el ex conductor de noticias y ahora director de asuntos corporativos de la minera Barrick, Gonzalo Quijandria), quienes bien pudieron haber pagado sus entradas.

En total, los casi 50 boletos distribuidos por el ex presidente del IPD a criterio propio, considerando a sus invitados personales, representa un 52% del total de entradas que debieron estar destinadas al personal del IPD. Eso sin contar que el 100% de entradas (15 espacios) a la tribuna occidente también llegó a otras manos.

ENTRADAS COMO CANCHA

La Contraloría también ha puesto la lupa sobre la participación de los funcionarios de mayor jerarquía del IPD. Como se precisa en el informe, veintiún (21) entradas fueron distribuidas a personas ajenas a la institución. “Identificándose que los beneficiarios habrían sido invitados de los directores y/o jefes de las unidades orgánicas del IPD, según consta en los correos institucionales enviados a dichos funcionarios, en las que se advierte hasta dos (2) entradas por cada funcionario”, se puede leer en la página 12.

Los funcionarios del IPD implicados son trece: Rosario Shinki Higa (ex asesora de la Presidencia), Roger Príncipe Huerta (ex director nacional de deportes afiliados), Yoannie Solis Sulca (ex directora nacional de Capacitación y Técnica Deportiva), Giacomo Lavaggi (Director Nacional de Servicios Biomédicos), Enrique La Rosa (Director de Seguridad Deportiva), Miguel Vargas Valladares (Jefe de Oficina de Trámite Documentario y Archivo), Carolina Valderrama Zamalloa (Jefa de la Oficina de Infraestructura), Hugo Vergara Soto (Jefe de Oficina de Coordinación Regional, Relaciones Nacionales e Internacionales), Fanny Grey Meléndez (Jefa de la Oficina de Presupuesto y Planificación), Ramón Espejo Castañeda (Jefe de la Oficina de Información y Comunicaciones), Susana Cabrejos Vásquez (Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica), Gilda Ortiz Velásquez (Jefa de la Unidad de Comercialización) y Rosendo Valiente Vértiz (Coordinador de la Unidad Funcional de Administración de Recintos Deportivos de Lima Metropolitana). 

Los tres últimos funcionarios mencionados eran, en el papel, los llamados a advertir del uso indebido de las entradas. Pero prefirieron disponer de las entradas que debían ser para los trabajadores del IPD (ojo: de los 900 a nivel nacional casi la mitad labora en Lima) a familiares directos como se detalla en este cuadro:

Otra de las oficinas involucradas es el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del IPD. El actual presidente a cargo, José Mario Escudero Vigil, utilizó dos de los dieciocho (18) asientos disponibles en el palco 8067 para llevar a familiares (María José Escudero De La Fuente y José Mario Escudero Gutiérrez). El resto de personas invitadas (12) no tienen ningún vínculo laboral con el IPD o el Consejo Superior de Justicia. Tan solo ha podido identificarse a David Levy Fleischman, vicepresidente de la Federación Deportiva Nacional Ecuestre. Cabe precisar que tres asientos quedaron sin ser asignados a algún invitado en particular.

Un lote más reducido, reservado para los expresidentes del IPD, tampoco fue utilizado de la manera esperada. Francisco Boza, por ejemplo, recibió cuatro boletos, pero decidió no asistir. En su lugar, fue su hijo, el también deportista Carlos Boza Galdós, con otras tres personas de nacionalidad extranjera. Al ser consultado sobre esta situación, se limitó a decir lo siguiente vía WhatsApp: ”El IPD, sin yo haber solicitado las entradas, me hizo llegar entradas como ex presidente del IPD y presidente de la Federación de Tiro. Por motivos personales no pude asistir y fueron usadas por familiares. No hay nada irregular”. Aprovechamos para preguntarle si este tipo de distribución de boletos de cortesía era una práctica que se dio durante su gestión, pero ya no obtuvimos respuesta.

El palco 8115 designado para los expresidentes también contó con la presencia de Luis Humberro Ñañez Aldaz, secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación del Perú, quien asistió justo a sus dos hijos. ¿Cómo fueron invitados si Ñañez no es expresidente del IPD? El informe consigna que “no se precisa”. Para Gustavo San Martín, ex presidente del IPD, quien no figura en esta nómina (la invitación le llegó directamente de Rubén Trujillo), la falta de un normativa clara sobre la distribución de las entradas de cortesía es el principal problema: “Esa es la recomendación que hace justamente la Contraloría; que exista algún tipo de formato estándar para el uso de estas entradas. Hasta donde sé nunca existió algo escrito. Siempre hubo usos y costumbres. Por ejemplo, en los dos años que me tocó estar como presidente del IPD, se dio la pandemia. No había aforo. Por lo tanto, no hubo esta distribución de entradas. Fue muy reducido el espacio para directivos del IPD, del consejo directivo o trabajadores”

Además de transgredir el Código de Ética de la Función Pública y el propio Código de Ética del IPD (en los que se menciona que el funcionario público “actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona”), la decisión de la alta dirección del IPD acabó beneficiando a familiares antes que a deportistas. “Lo de usar un palco para el hijo y el hijo del amigo sí me parece un poquito demasiado (…) Se pudo haber destinado a otras instancias. Si bien el fútbol es el deporte más popular, se pudo invitar a presidentes de otras federaciones, atletas o deportistas olímpicos a los que también les hubiera gustado ver a sus compañeros de deporte en un partido importante”, explicó San Martín.

La ausencia de un reglamento interno para el reparto de estas entradas genera más de una situación inesperada. Por ejemplo, en el caso de los palcos 7058 y 7061, reservados para el uso de los miembros del Consejo Directivo del IPD, se pudo confirmar la presencia del ministro de defensa, José Luis Gavidia Arrascue, junto a una pariente. Eso fue posible porque Saúl Barrera, ex presidente del IPD y actual representante de ese ministerio ante el Consejo Directivo, cedió sus entradas. El resto de miembros del consejo directivo acudió con un acompañante ajeno a la institución, como puede verse en el cuadro:

Según la propia Contraloría, el festival de boletos que se dio en la previa del partido Perú-Paraguay “evidencia que el IPD no ha establecido criterios para la distribución y entrega de las entradas de cortesía recibidas (…) que permitan su control y trasparenten el uso de las mismas”. “Fueron distribuidas sin cautelar que estas sean utilizadas por los servidores y/o funcionarios de las entidades a las que estaban destinadas o por las personas consignadas como destinatario final; habiéndose beneficiado incluso a personas distintas a las que supuestamente estaban destinadas”, se lee en el informe.

La principal responsabilidad recae en el ex presidente del IPD Rubén Trujillo, quien continuó siendo miembro del Consejo Directivo del IPD, en representación del Ministerio de Educación. “En la distribución de las entradas de cortesía efectuada por el ex presidente del IPD, no se estableció que estas eran intransferibles, evidenciándose que de las trescientos cuatro (304) entradas solo el 16.78% fueron usadas por los funcionarios y servidores de las entidades del Estado a las que fueron destinadas; y el 83.22% restantes fueron en beneficio de personas ajenas a dichas entidades”, refiere la Contraloría.

AGUAS MOVIDAS EN EL IPD

En el mismo informe de la Contraloría se advierte de una “Demora de la Unidad Funcional de Administración de Recintos Deportivos de Lima Metropolitana en la emisión del Informe final del partido entre Perú y Paraguay, y la inacción por parte de la Unidad de Comercialización del IPD en solicitar a la Federación Peruana de Fútbol el sustento formal de la venta de las entradas”. Esto generó que transcurrieran más de 63 días sin que se realice el cálculo oportuno de la liquidación final y, por ende, el retraso del pago por el uso de costos adicionales a favor del IPD, fuera de los 83,874.00 soles abonados por el alquiler del estadio.

Las dos unidades mencionadas están dirigidas por Rosendo Valiente y Gilda Ortiz Velásquez, respectivamente. Ambos, como se mostró líneas arriba, recibieron boletos de cortesía que usaron para beneficiar a sus familiares directos.

No es el mejor momento del IPD, como evidencia la Contraloría. En menos de seis meses, desde la salida de Gustavo San Martín de la presidencia del IPD, han desfilado tres presidentes por los pasillos del Estadio Nacional: Julio ‘Coyote’ Rivera con una administración marcada por la falta de preparación y el favorecimiento de nombramientos cuestionables; Rubén Trujillo, un comunicador con conocimiento de gestión pública, pero no aplicada al deporte, que acabó desdibujado por el escándalo de los palcos; y ahora Máximo Pérez Zevallos, quien ha dejado sin efecto algunas decisiones de Trujillo.

Los vaivenes en la alta dirección del IPD también han quedado evidenciados con la alta rotación en puestos claves. Por ejemplo, Gianni Delucchi, Director Nacional de Deporte Afiliado (Dinadaf), renunció con la llegada del ‘Coyote ’Rivera; volvió con la gestión de Rubén Tujillo, pero apenas duró dos semanas en el cargo, porque el nuevo presidente designó a la abogada Silvia Helena Pérez Becerra en su lugar. En la gerencia general del IPD, la falta de continuidad también se ha sentido. Erica Lang tuvo que renunciar a inicios de año y en su lugar llegó el cuestionado César Nieto Serpa, por recomendación de Mario Carhuapoma, el expresidente de Essalud, cercano al ‘Coyote’ Rivera.

La pronta salida de Nieto Serpa a mediados de marzo obligó a que Susana Cabrejos Vásquez asumiera el cargo temporalmente. A inicios de mayo se dio la designación de Christian Edison De La Torre Choque, con el aval del nuevo presidente del IPD, Máximo Pérez; pero no duró más de un mes. Frankling Moreno Dupuich fue nombrado de manera interina, y recién el pasado 22 de junio se pudo nombrar de manera permanente a Mario Delfín Ríos Espinoza, expresidente del Consejo Regional del Deporte en Loreto y precandidato al Congreso en 2016 por el partido Peruanos por el Kambio (PPK). 

El 1 de julio, Ríos Espinoza fue destituido y Moreno Dupuich volvió a asumir de manera temporal. En total, el IPD ha tenido seis distintos gerentes en los últimos seis meses. Todo un récord que va en contra de una adecuada gestión.

LOS DESCARGOS DE TRUJILLO

Sudor pudo comunicarse con Rubén Trujillo, expresidente del IPD y ahora flamante director de comunicaciones del Ministerio de Agricultura. En principio, aclaró que “no se han hecho cargos” en su contra, sino apenas “observaciones a la institución que desde tiempo atrás no tenía una norma, un protocolo, para la distribución de entradas”.  “¿Tú le has preguntado lo mismo a los anteriores presidentes? ¿Tú le has preguntado lo mismo al señor Julio Rivera, que distribuyó casi 800 entradas y no se sabe a quién y no se sabe cómo?”, dijo, en relación al informe de la periodista Ana Briceño, en el que se consignó que de los 708 asientos en 103 palcos, cedidos por la FPF para el partido Perú-Ecuador, el ‘Coyote’ se apropió de 76 espacios.

Trujillo explicó que no se puede hacer responsable por las entradas entregadas a otras instituciones que acabaron beneficiando a políticos y personal ajeno al aparato público. Por eso le consultamos sobre los boletos entregados por su propio despacho a familiares, amigos periodistas y personas del mundo corporativo. “A mí me asignaron un palco, porque el presidente, nos guste o no, tiene un palco. Entonces yo decidí llevar a mis hermanos. ¿A ti te parece que eso está mal?”, preguntó. “Yo he distribuido entradas a personas que desde mi criterio eran útiles para los intereses institucionales. Por ejemplo, entregué entradas a un grupo de directores de comunicaciones de empresas privadas, con las que en mi gestión estábamos cerrando el sistema de obras por impuestos. Ellos iban a apoyar la construcción de minicomplejos deportivos para fomentar la práctica del deporte”, refirió.

¿Y cuál fue el criterio para invitar a tantos periodistas que coincidentemente son amigos de Trujillo? Según el expresidente del IPD, solo estuvo al tanto de dos de las invitaciones. “Te juro que no sé quiénes fueron finalmente. Solamente me pidieron y yo estuve de acuerdo. ‘Denle un palco para los amigos periodistas’. Yo no termino de entender quiénes fueron. Pero sí sé que fueron un par, que más o menos me llamaron para agradecer. Pero si me preguntas quiénes son, no tengo la precisión”, aseguró. Incluso responsabilizó al área de comunicaciones de esta decisión. “Fue lo que se me pidió del área de comunicación. ‘Rubén, queremos apoyar a unos colegas’, y yo dije que sí”

¿Y cuál es la explicación para que su amiga personal María del Carmen Covarrubias haya recibido ocho entradas que usó con familiares y amigos? “En el caso de esta persona, me hizo un trabajo ad honorem, que le va a significar al IPD una recuperación de dinero importante por el pago indebido de seguro. Porque esta persona es un abogado tributarista muy reconocida”, explicó. De lo que se desprende que decidió recompensarla con los boletos de cortesía. “Sí, suena feo, pero sí…”, aceptó Trujillo, quien no supo explicar por qué no decidieron contratarla en el IPD de manera regular.

Según Trujillo, el reparto no tuvo detrás la idea de “aprovechamiento”, sino la búsqueda de la transparencia. “Incluso si hubiera distribuido mal yo fui transparente. Estaba en mi facultad como presidente, y yo traté de ser lo más equitativo posible. Le di espacio al sindicato, a los trabajadores, a organizaciones, a niños de Inabif, y entregué, por conductos regulares, a las institución públicas a las que siempre se le dio entradas”, comentó. En el caso del Sindicato del IPD, las nueve entradas del palco 7087 no acabaron en poder de los trabajadores, como señala el informe de Contraloría. Trujillo tiene esta versión: “La secretaria general del sindicato (Ysabel Ñañez) no se la dio a los miembros del sindicato, se lo dio a sus familiares”. [Sudor ha podido corroborar que al menos una entrada fue usada por su hijo Juan Carlos Centurión Ñañez].

Por otra parte, Trujillo refirió que, ante la inexistencia de un regulación sobre el reparto de entradas de cortesía, no tuvo el tiempo suficiente para crear una norma al respecto. “En las anteriores gestiones no se tuvo la transparencia de decir cómo se distribuyó, y yo traté de ordenar en medio de mis falencias, e hice pública la forma en que se distribuyó, y distribuí por los canales oficiales. No hice nada por compadrazgo. Traté de ser ordenado en lo que el tiempo me permitió actuar. Tres o cuatro días antes del partido”, argumentó.

Ahora se mostró de acuerdo con que se reglamente este tipo de prácticas, pero reconoció que la forma del reparto fue un error. “No me parecía bien, no me parecía correcto, y por eso cuando yo llego presionado con el tiempo traté de arreglar de alguna manera. Igual me ha caído el pato”, afirmó. No obstante, aceptar un proceder inadecuado, Trujillo aseguró que “no hay falta”. “No siento que haya cometido una falta porque no tuve un parámetro que me dijera tienes que distribuir así”, añadió. E incluso cuestionó el repentino interés de la Contraloría en este caso: “Me parece bien ocurrente que justo ahora se hayan puesto prolijos para emitir este tipo de informes. Nunca antes se ha hecho un informe como este. A los anteriores (presidentes) no les han cuestionado nada”.

A raíz del informe del programa Punto Final, las sospechas en su contra se multiplicaron, y, según Trujillo, por ese motivo, la Fiscalía le abrió una investigación por peculado, que aún sigue en curso, pero que, confía, no prosperará. “Yo estoy bien dolido por el tema, por toda la exposición. A mí me han causado un daño tremendo. En mis años en la gestión pública nunca he tenido un problema (…) Sí entregué entradas a personas que creo yo que estaban en camino de hacerles servicios positivos a la institución. Obras por impuesto, estudios ad honorem que me permitan recuperar recursos para el IPD. Si eso es condenable, que me condenen, pero yo creo que he actuado bien”, aseguró.

¿QUÉ SANCIONES TOCAN AHORA?

Para el abogado Jaime Talledo, experto en derecho deportivo y director de NewSportsLaw, el informe de la Contraloría no admite dudas: los funcionarios implicados han transgredido la ley del Código de Ética de la Función Pública. “Siendo una transgresión, la primera consecuencia jurídica que corresponde es un procedimiento disciplinario”, explica. Pero hay algunas cuestiones para considerar: si bien Trujillo es ahora un ex funcionario del IPD, tiene aún responsabilidad por los actos realizados debido a que la prescripción es de tres años. 

“En este caso la única sanción posible es la multa”, aclara Talledo, aunque recuerda que tras una modificación de la norma en el 2014 las sanciones a ex funcionarios están en el terreno de la controversia jurídica. Trujillo, como el resto de funcionarios implicados, puede alegar que las entradas no son recursos o patrimonio del Estado, y que no existía un procedimiento previo, por lo tanto, no se puede hablar de malversación ni peculado doloso. Sin embargo, sí existe una falta administrativa. “El Código de Ética de la Función Pública dice que un funcionario no debe tomar ventaja de su posición”, refiere.

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Desde esa perspectiva, lo que está en peligro es el respeto de la ciudadanía a las instituciones públicas. “El mensaje que le envías a la ciudadanía es terrible: soy un poco un comechado del Estado. Le están diciendo a los ciudadanos que el funcionario, que debería ser el ejemplo de probidad, es, en realidad, una persona que toma ventaja de su posición. De ahí el pesimismo que tenemos en el Estado. Es lo que los teóricos llaman corrupción ambiental. Así es el espacio en el que nos movemos, así funciona; y si te quejas, malogras la plaza. Es indignante para el hincha promedio que sueña con ir al estadio y no puede pagar una entrada, pero que ve que el amigo del poderoso sí entra”, explica Talledo.

La impunidad debería dejar de ser una constante. La falta cometida por los funcionarios del IPD amerita una sanción, pese a no existir un procedimiento establecido con anterioridad. “No solo se ve mal tan solo desde la urbanidad, sino que es una falta sancionable, y vamos a ver si se han iniciado las acciones en base a la ley”, comenta Talledo. La Contraloría recomienda tomar “acciones preventivas y correctivas”. Y bien haría el IPD en aprovechar este episodio para mejorar sus mecanismos de integridad puertas adentro. En medio de los vaivenes políticos, el mejor mensaje sería la transparencia. ~