A poco más de un mes de su designación, la presencia de Julio Rivera en la presidencia del IPD confirma una de las mayores falencias del actual gobierno: apostar por políticos novatos pero ambiciosos que no tienen la legitimidad suficiente para ocupar altos cargos. La socióloga Noelia Chávez analiza las razones políticas detrás del nombramiento del ‘Coyote’.
La designación de Julio ‘Coyote’ Rivera como presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) alborotó a la prensa deportiva hace algunas semanas. Las principales críticas han girado en torno al presunto incumplimiento de requisitos para ocupar un puesto de gestión de alto calibre en el Estado Peruano y sus vínculos con personajes de pasado oscuro. Sin embargo, el caso ‘Coyote’ Rivera puede ser ilustrativo para entender primero los vínculos del deporte y la política, y, seguidamente, cómo ello es un reflejo más de la crisis del actual gobierno de Pedro Castillo.
La política y el deporte tienen en común la competencia por el poder real y el poder simbólico, respectivamente. Pero ambos tipos de poderes están en permanente interacción, el poder real (asumir un cargo público o de representación) implica el poder simbólico (liderazgo) y busca incrementar ese poder simbólico (apoyar competencias deportivas), mientras que el poder simbólico (liderar una competencia deportiva) puede convertirse en un canal que abre las puertas hacia la búsqueda del poder político (cargos y puestos de decisión).
Muchos deportistas alrededor del mundo han transitado por ambas arenas. Así tenemos múltiples casos: desde Pelé, mejor futbolista del mundo y ministro de Deportes en Brasil entre 1994 y 1998; Manny Pacquiao, nueve veces campeón mundial de boxeo y senador de Filipinas desde el 2016, o incluso George Weah, el único balón de oro africano y actual presidente de Liberia. En el Perú, varios deportistas, sobre todo futbolistas y voleibolistas, han sido regidores municipales (el Chorrillano Palacios), alcaldes (Paulo Hinostroza y Alberto Tejada), congresistas (Cecilia Tait, Cenaida Uribe y Gabriela Pérez del Solar) y hasta candidatos presidenciales (George Forsyth). En principio, esto no debería ser un problema mientras se cumplan los requisitos formales para ocupar los cargos y exista un interés público con planes a implementarse. Probablemente este segundo atributo sea el menos recurrente en un país que sobrevive en una democracia sin partidos, sin proyectos políticos sólidos que sostengan candidaturas. Cada uno baila con su propio pañuelo.
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El caso del ‘Coyote’ Rivera parece ser uno de ellos. Luego de sus años mozos como futbolista, abrió su academia deportiva de fútbol y posteriormente intentó incursionar en la política distrital, primero, y nacional, después, postulando, sin éxito, al Congreso de la República. Cuando, en aquella ocasión, le preguntaron por sus planes como congresista, su única propuesta fue la creación de un Ministerio del Deporte, que reemplazaría al organismo que hoy encabeza, el IPD. Sus aproximaciones al aparato estatal nunca han pasado por el IPD, sino a través del MIDIS, y todas las reuniones sostenidas no han llegado a acuerdos laborales posteriores. El ‘Coyote’ Rivera es un típico político de un país que funciona bajo coaliciones de independientes. Basta con ser medianamente conocido, tener contactos y algo de dinero para aspirar a puestos públicos.
El problema del ‘Coyote’ frente al IPD no es únicamente el incumplimiento de requisitos para su designación o la ambición política que demuestra, sino que difícilmente tenga consigo un plan robusto para el IPD, que recién empezará a conocer por dentro.
Por otro lado, el poder político se ha servido a lo largo de la historia del poder simbólico del deporte para ganar legitimidad. Por ejemplo, los presidentes siempre hacen acto de presencia en los eventos deportivos más importantes y se paran al costado de sus campeones y campeonas para salpicarse del éxito del momento. O también los políticos invitan a deportistas a formar parte de sus equipos, esperando que sumen votos a la fórmula (Leyla Chihuan invitada por el Fujimorismo). También han servido para exacerbar nacionalismos (Velasco es un gran ejemplo de aquello), y cubrir las atrocidades de regímenes autoritarios (Videla con el mundial del 78’ o la FIFA consintiendo un mundial en Qatar). Los deportes y los deportistas se vuelven instrumentos de la política.
Esa podría ser la motivación del gobierno de Pedro Castillo para convocar a alguien como el ‘Coyote’ Rivera a la presidencia el IPD. El ‘Coyote’ es hermano de Paolo Guerrero, capitán de la selección, ícono del fútbol peruano actual. Poder, fama e influencia, son atributos que cualquier político populista desea tener cerca. También podría esperar que su trayectoria, con clubes como Sporting Cristal, Melgar y Universitario de Deportes, facilite vínculos con estas instituciones deportivas para eventuales proyectos futuros. Resaltamos estos incentivos dado que la trayectoria ‘Coyote’ como gestor no pasa de algunas reuniones con el MIDIS y contratos como entrenador con gobiernos locales.
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Lo interesante de la designación del ‘Coyote’ en la gestión de Castillo es que termina siendo una demostración más de la precariedad y mediocridad del actual gobierno. Refleja las limitadas redes con las que cuenta el oficialismo, así como su incapacidad para colocar a personajes con más aplomo en puesto públicos. Seguro que hay ex deportistas con igual o mayor reconocimiento público que el ‘Coyote’, que cuentan con más experiencia en gestión pública. Estarían encantados de asumir el liderazgo del órgano rector del deporte en el país. Hay pasivos para aceptar cargos en estas circunstancias, pero varios buenos cuadros han estado dispuestos a sopesar pérdidas con ganancias y aceptar los retos: César Landa en Relaciones Exteriores o Oscar Graham en el Ministerio de Economía y Finanzas son dos buenos ejemplos.
Este gobierno parece servirse de aspirantes a suplentes de un equipo de media tabla para algunos espacios específicos de poder por razones que aún desconocemos. Estos personajes no han sido llamados a formar parte del club antes, han estado relegados y han visto frustrados sus esfuerzos por entrar a la repartición de la torta. En algunos casos, ello ocurre por la discriminación y racismo estructural que permea las relaciones sociales en nuestro país, sobre todo en esferas poderosas. Pero no es el caso del ‘Coyote’ y de varios funcionarios que ha llamado este gobierno. Estos jugadores novatos pero ambiciosos no tienen la legitimidad o credenciales suficiente para ocupar altos cargos. Habiendo buenos cuadros regionales para convocar a la selección nacional, este gobierno opta por darle la oportunidad a obscuros correligionarios. ~
